viernes, 2 de abril de 2010

EL RETORNO DE LOS GENOCIDAS AL VRAE

Por Cathy García.
El treinta de agosto del 2008 las FFAA y policiales lanzan su operación de genocidio en el VRAE que llaman “excelencia 777”. Son rápidamente repelidos por los contingentes del PCP con una sofisticada guerra de movimientos que los mismos militares admiran (NYT 18 de Marzo del 2009). Los militares no buscan ni persiguen a los guerrilleros uniformados que conocen mejor el terreno, sino se despliegan a los poblados del VRAE a “secar el agua” que consiste en cometer crímenes con impunidad y cebarse con la sangre de civiles desarmados. El 15 de marzo del 2009 detienen a siete (7) campesinos pobres todos ellos trabajadores del CAD de Buena Libra. Para justificar los genocidas justifican sus crímenes en un comunicado de las FFAA: “Estamos tomando las medidas pertinentes que permitan contrarrestar la campaña de agitación y propaganda, desarrollada por la organización terrorista sendero luminoso, persiguiendo el desprestigio y deslegitimación de las Fuerzas Armadas que combaten en el VRAE”. En la madrugada del 9 de setiembre del 2008 invaden el humilde hogar del campesino Franklin Estalla Enciso que se encontraba descansando con su familia, le disparan dos tiros en el cráneo delante de sus niños y esposa. Los genocidas publican un comunicado oficial No.020-2008-CCFFAA/09SET2008; dando cuenta de un “enfrentamiento”, donde se da muerte a un presunto “delincuente terrorista” DDTT. El 15 de setiembre del 2008 esbirros del Ejército peruano asaltan la finca de Rió Seco de la familia Pichardo, se apropian de su propiedad y allí establecen su base de operaciones. Son detenidos y ejecutados con tiros al cráneo los campesinos Félix Canchaya Limache, Maximiliano Pichardo Fernández, Jesús Pichardo Fernández y Rosa Chávez Sihuancha conviviente de Maximiliano Pichardo quien estaba embarazada con cinco meses de gestación. Todos ellos eran trabajadores en el distrito de Ayahuanco. Los genocidas de las FFAA trataron de justificar estos crímenes en el Comunicado Oficial Nº 022-2008-CCFFAA/15SEP2008 indicando que en el pasado los familiares de las víctimas eran delincuentes “terroristas”. El 15 de junio del 2007 secuestraron a Rosalinda Pichardo Chávez (15 de Junio 2007) y el 22 de octubre del 2001 a Moisés Pichardo Pariona. Estos crímenes pueden definirse como genocidio y debe juzgarse como tal en las cortes internacionales por tratarse del exterminio sistemático e intencional. El 2007 fueron detenidos, secuestrados y torturados por las FFAA los hermanos Emil Rene y Ricardo Yamin Zavaleta, quienes fueron acusándoos sin prueba alguna como “lideres de sendero luminoso”. Los responsables de este crimen son los narcogenerales genocidas EP Raymundo Flores Cárdenas ex jefe del VRAE, Walter Chávez Cruz, José Aste, y Octavio Salazar al igual que otros 14 integrantes de las FFAA. En Vizcatan trataron de usar como soplón al campesino Frank Sulca Quispe para que señale como miembro de sendero luminoso a un ciudadano inocente. En represalia, los esbirros del Ejército lo desaparecieron. En la localidad de Buena Libra los esbirros se dirigen a la CAD del mismo nombre y sin decir una palabra le meten un balazo a quemarropa al campesino Isidro Velásquez Flores y luego arrestan a 7 campesinos incluyendo al presidente de la CAD Misale Ayala Curo. En septiembre del 2008, los soldados quemaron todas las casas del poblado de Nueva Esperanza buscando el despoblamiento, este crimen lo “justifican” con la burda mentira que esos humildes hogares de campesinos eran laboratorios y centros de maceración de la coca, eso salió publicado en los diarios de Lima.

Allí está la proclama de la “devoción” por los derechos humanos del gobierno aprista. Las FFAA vuelven a mostrar al mundo en lo que son expertos: cometer horrendos crímenes y genocidios contra el pueblo desarmado. En un artículo sobre el VRAE, el New York Times (18 de marzo del 2009) publica el testimonio del sobreviviente de la masacre a la familia Pichardo quien reporta que todos los miembros de su familia fueron ejecutados con tiros a la cabeza a corta distancia. Lo más cobarde fue balear en el estomago a Rosa Chavez Sihuincha que estaba embarazada al igual que a sus 2 niños de 1 y 6 años de edad respectivamente. ¿Pero quiénes pueden cometer este tipo de crímenes contra la humanidad? El general Otto Guobovich, comandante general del ejército, tiene la respuesta. Los militares acusados por la Comisión de la Verdad de crímenes de guerra en los 90’s se encuentran en el VRAE ejerciendo sus servicios especializados en tortura y muerte contra civiles desarmados. Guobovich afirma: “Varios de los militares citados por la Comisión de la Verdad se encuentran adentro, en Vizcatan” (Entrevista, La Republica 15 Marzo, 2009). Vizcatan, una zona que tiene casi la misma extensión de la Franja de Gaza en Palestina (375 Km cuadrados) es territorio libre controlado por el PCP desde más de dos décadas.

Antero Flores Araoz (NYT, 18 de Marzo del 2009), genocida que funge de Ministro de Defensa se burla de las víctimas. Este viejo criminal e ignorante que proviene desde la época del belaundismo le dijo al periodista Simon Romero, corresponsal del NYT en Lima: “¿Qué diablos hacia esa mujer en Vizcatan? ¿Estaba rezando el rosario? Recibió su merecido.” Luego el energúmeno hace una temeraria acusación contra gente inocente: “O estaba transportando coca para procesar cocaína o era un cuadro logística de sendero luminoso”. Ninguno. En un comunicado público los campesinos del VRAE aclaran que la Sra. Chávez Sihuincha era una modesta campesina del poblado de Rió Seco que se dedicaba a cuidar sus 2 niños mientras su esposo trabajaba como agricultor en la CAD Moyobamba. La víctima no transportaba nada y lo asesinaron a las 7 de la mañana junto a toda su familia en su propia finca porque se negaron a abandonar su propiedad y ahora (después de matarlos) el Ejército lo está usando como base de operaciones.

En la entrevista al diario La Republica del 15 de marzo, el general Otto Guicovich reconoce la evacuación forzada de la población civil: “varias familias han levantado chozas alrededor de la base militar... lo vi con mis propios ojos”. Esta es una tacita admisión del despoblamiento forzado de las zonas en conflicto al estilo Vietnam que concentra a la población civil cerca de cuarteles y blancos militares con dos objetivos: 1) para que les sirva de parapetos (o escudo) frente a un eventual ataque armado de la guerrilla y, 2) si el PCP ataca esas bases militares y hay daños colaterales, allí están las ONGs del imperio listas para reiniciar la guerra sicológica “violación de derechos humanos de sendero luminoso”. ¿Y porque esas ONGs se quedan sordas y mudas frente a los crímenes de las FFAA en el VRAE y Vizcatan? ¿No decían que eran susceptibles a los derechos humanos? ¿Dónde está la Cruz Roja Internacional, dónde quedó la advertencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? ¿No se avergüenza esta CVR de lo que dijo el general Guicovich que los esbirros implicados en su reporte final están allí “bien adentro en Vizcatan”- degollando a seres humanos? ¿Dónde está la defensora del pueblo? ¿Por qué perdió su lengua filuda ese jerarca de la Iglesia Católica, el diabólico Cipriani Thorne -será porque los DDHH en Perú siguen siendo una cojudeza?

En conclusión, el asalto militar sobre los pueblos del VRAE es la misma guerra sin prisioneros de los 80’s y 90’s, con los mismos asesinos de las FFAA y policiales, la misma doctrina de contrainsurgencia donde “para los soldados toda la población civil es terrorista y deben destruir todo lo que se mueve”. La campaña genocida “excelencia 777” es financiada por el imperialismo yanqui que busca instalar otra base militar en Perú. Los crímenes del VRAE son un rechazo contundente a los torcidos argumento de aquellos que sostienen que el campesinado está en “medio de dos fuegos (el PCP y las FFAA)”. Los únicos que masacran al pueblo son las balas sangrientas de las FFAA y policiales en alianza con las firmas del narcotráfico.

miércoles, 2 de diciembre de 2009

Desarrollo Comunal y la Coca: Debilitamiento De Las Organizaciones Comunales: Desinterés Por El Desarrollo Comunal

Este artículo es un extracto de la investigación realizada en el distrito de Pichari denominado “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA COCA Y SUS IMPLICANCIAS SOCIOECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE PICHARI”

La coca debilitó el espíritu y las dinámicas de organización. Las personas que venían con una dinámica organizativa no han perdido el interés por la organización, pero se han visto amenazadas por los efectos sociales y económicos que han generado los cultivos ilícitos. Uno de los principales efectos de los cultivos comerciales de la coca, es el debilitamiento y a veces extinción de sus organizaciones socioeconómicas, aunque sus implicaciones para unos y otros pueden ser diferenciadas. (FERRO, Juan; URIBE, Graciela y otros S/F: 49-52)

Pues así en el caso del distrito de Pichari las organizaciones sociales de base como: Comité de Vaso de Leche, CAD, (Comité de Autodefensa) y otras organizaciones, sobre todo en las comunidades con mayor cantidad de producción de coca están siendo debilitadas en su organización; sin embargo las organizaciones como COPAS, CODIPAS están bastante fortalecidas, esto debido a que esta organización está casi exclusivamente orientadas a la defensa del cultivo de coca.

“Aquí casi ya no hay organizaciones, ya nadie quiere participar…la gente ya no quiere ocupar cargos en la comunidad” (poblador de 35 años de edad)

“Acá estamos bien organizados, cualquier cosa todos salimos y realizamos nuestras reuniones cada domingo” (poblador 47 años de edad)

“En FEPAVRAE, nosotros participamos activamente, cuando hay reuniones mandamos nuestros representantes…porque es para defender nuestra coca” (agricultor de 52 años de edad)

El debilitamiento de las organizaciones sociales existentes respondería a la bonanza de la coca. Una de las hipótesis que se podría esgrimir es que tales organizaciones fueron creadas para resolver colectivamente necesidades básicas, objetivo difícil de alcanzar por la falta de recursos económicos, por las resistencias al trabajo comunitario, por la ausencia de proyectos regionales y la falta de articulación entre las instituciones del Estado y de la sociedad. Con la llegada de la coca, sus miembros encontraron que tales necesidades se podían solucionar de manera individual. La coca ofrece ingresos y trabajo permanente.

Como quiera que el desarrollo en los procesos comunitarios demanda una participación popular en la toma de decisiones que deberán adoptarse a partir de escalas locales, desde abajo hacia arriba, desde lo micro a lo macro, desde las escalas humanas a las escalas institucionales. En tal sentido para el desarrollo de un pueblo es importante la participación activa de quienes habitan en las comunidades para la realización de diferentes actividades en beneficio comunal. En este contexto analizaremos el grado de participación de las personas en el Distrito e Pichari en las actividades que involucran el desarrollo de sus comunidades.

De acuerdo a las bibliografías revisadas encontramos que las personas que están relacionadas al narcotráfico pierden el interés por el tema del desarrollo de sus comunidades, el bienestar de su familia, dedicándole mayor atención a sus actividades de siembra, cosecha y transformación de la coca. De acuerdo a la observación participante que he realizado en comunidades donde se produce la coca en gran cantidad, y además el campesino se dedica a transformarla, existe cierto desinterés por el desarrollo comunal, ejemplo no asisten a las reuniones de interés comunal, no participan en las faenas programadas.

“No participa en las reuniones se burla de las autoridades también de los jóvenes...no quiere participar en las reuniones ni faenas, es bien malo”. (Informante Nº 4: 23).

“La verdad no se qué pasa, la gente ya no quiere participar en las faenas, no les interesa el mejoramiento de la comunidad, peor la carretera, dicen que les conviene que este mal la carretera, porque así no llegaran fácil los policías. (Autoridad política: 35 años).

Es esta la realidad que genera la dedicación extrema de los agricultores de algunas comunidades, donde se produce la coca en gran escala y que como ya dijimos, muchos de estas personas están vinculados a la transformación de la coca. De ahí que podemos concluir que no podemos hablar de un desarrollo en lugares donde las personas están vinculadas en actividades ilícitas, ya que para generar el desarrollo de las comunidades es importante contar con los actores locales para que realmente tuviera sentido y viabilidad la actuación a favor del desarrollo de la zona.

En el distrito de Pichari esta actitud de las personas es todavía menor, manifestándose solo en las comunidades con mayor cantidad de cultivos de coca (cultivos superiores a 5 hectáreas) y en la que muchos se dedican a transformarla en PBC (Pasta básica de cocaína). Pero si la producción de coca avanza con el ritmo actual y la gente se involucrando actividades ilícitas, esto irá creciendo.



[1] En “Jóvenes, coca y amapola”: Un estudio sobre las transformaciones socioculturales en zonas de cultivos ilícitos, Colombia, disponible en formato pdf en http/www.mamacoca.com

domingo, 29 de noviembre de 2009

Hacia una interpretación antropológica de la corrupción: La pequeña corrupción en Ayacucho: un estudio de caso



Este artículo es el resumen de la investigación “Hacia una interpretación antropológica de la corrupción”, realizada en el marco del Concurso de Investigación CIES ACDI-IDRC 2005. Por Ludwig Huber – IEP

Se ha convertido ya en una costumbre presentar a la pobreza y a las secuelas de la violencia como los elementos principales que definen el contexto social ayacuchano.
En el imaginario nacional, Ayacucho es, más que nada, una sociedad problemática, impredecible, disconforme y estancada en trabas estructurales.

Las consecuencias del conflicto interno, junto con la precariedad económica, influyen para crear un clima peculiar, extremadamente fragmentado. Se ha constatado la ausencia de una élite dirigente y/o de una clase empresarial con la visión de impulsar el desarrollo regional. Las organizaciones sociales, por su parte, no tienen capacidad de convocatoria y de llegar a acuerdos. Así, existe una fuerte dispersión y una limitada representatividad, un contexto donde no existen instancias institucionales relativamente autónomas que articulen y representen intereses sociales, lo que hace que la política gire en torno a personas y no a programas e instituciones.

Las instancias de representación de la sociedad civil en el marco de la descentralización, como el Consejo de Coordinación Regional y los Consejos de Coordinación Local, no han pasado de ser meras instancias formales. Los procesos de Presupuesto Participativo, por su parte, congregan a pocos, mientras que la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, aunque tuvo una significativa presencia inicial, ahora se encuentra en un período de aletargamiento.

Ante la falta de canales institucionales, la gente recurre a las calles; la toma de locales, paros regionales, marchas y contramarchas son las manifestaciones habituales del descontento popular en Ayacucho.

En este contexto, la estabilidad social no la otorga la institucionalidad de un Estado que se encuentra lejos aún del ideal weberiano, sino el contexto familiar y el entorno amical, es decir, las redes sociales informales que se mencionaron en la introducción. La debilidad institucional no convierte a Ayacucho en una sociedad anómica, aunque la población tiene mucha más confianza en las relaciones personales que en las instituciones públicas, impersonales y ajenas. Una de las características de este contexto es la de integrar el Estado en el ámbito de las relaciones personales, es decir, la captura del Estado por la sociedad.

La corrupción: el discurso

Durante los últimos años, el tema de la corrupción se ha ido posicionando en el centro de la atención mediática ayacuchana. Pocos fenómenos son rechazados con tanta unanimidad como la corrupción y las connotaciones valorativas de este rechazo van mucho más allá de la noción predominante que la define como “abuso de un cargo público para el beneficio privado”. La estigmatización de la corrupción y su recriminación son un elemento central en todos los niveles sociales de la sociedad ayacuchana y a menudo se subsume bajo este término a mecanismos que, en términos estrictos, no califican como corrupción, desde un robo hasta el acoso sexual en una escuela.

En la conciencia de la población ayacuchana, la corrupción no se limita a la normatividad que orienta el discurso y la acción de los organismos anticorrupción, sino que va más allá de diversas actividades como el soborno, el desfalco, el nepotismo, la extorsión o el fraude. Es un concepto cargado de valoraciones ético-morales, que define a la corrupción como el “mal” en sí, de modo que el uso del término incluye casi todo tipo de conducta con una carga emotiva desfavorable. Se trata de un discurso con muchas connotaciones, pero, en el fondo, en su sentido figurativo, todo se sintetiza en la injusticia.

En el fondo, el discurso contra la corrupción expresa una percepción negativa generalizada sobre el Estado. Es un discurso lleno de dudas, de sospechas y de desconfianza, que revela cómo la idea del Estado está construida entre una población que se siente excluida y marginada. Es, en fin, una de las formas en que el Estado es apropiado en las prácticas ciudadanas cotidianas. El Estado es el “otro” excluyente, frente al que la sociedad se presenta con una identidad colectiva éticamente superior.

La corrupción: hechos

En el discurso, la corrupción es presentada como una constante indeseable, pero, a la vez, es una práctica generalizada en la que virtualmente todos participan. Es decir, la corrupción es tantas veces denunciada en palabras como es practicada en los hechos. Hay una palmaria contradicción entre los hechos y las denuncias, las que efectivamente casi nunca llevan a acciones concretas o a sanciones legales.

Sin pretender abarcar todo el espectro, el estudio encontró diferentes formas de la pequeña corrupción y las ordena en cinco rubros: comisiones pagadas por servicios ilícitos, pagos injustificados por servicios públicos regulares, los “cupos”, nepotismo y favoritismo, así como la malversación de fondos públicos.

El estudio señala que todo eso es “pan de todos los días” en Ayacucho. Es algo que “se sabe” y se asume como normal en la vida cotidiana de la ciudad, aunque muy pocas veces es materia de quejas o de denuncia formales. Es ya parte de una manera de convivir, que además contradice el discurso a través del cual la sociedad se presenta solo como víctima. En realidad, más que víctima, la sociedad es cómplice.

Corrupción y educación

Con el objetivo de analizar el problema más de cerca, el estudio otorga particular énfasis al sector educación, por ser este el sector público más grande y, por consiguiente, más visible, así como el mercado laboral más importante de Ayacucho. Sin embargo, es plausible que las incidencias de corrupción en este sector estatal sean mayores que en los otros en términos numéricos, aunque no necesariamente diferentes en lo cualitativo.

Según el Informe de la Defensoría del Pueblo 2002- 2003; Ayacucho ocupó, a nivel nacional, el segundo lugar con 256 denuncias de corrupción en el sector educación, superado solo por la región Junín. En ese sentido, las entrevistas realizadas dieron la impresión de que los favores a los aliados políticos o de cualquier otra índole son algo común en el manejo de las instituciones educativas. El estudio encontró incidencia de corrupción en todos los niveles, desde la pugna entre el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación para colocar gente de su entorno en las UGEL provinciales, pasando por la corrupción en la burocracia y en las instituciones educativas, hasta el aula. Como problema cardinal fue identificada la contratación. El sector educación es el mercado laboral más importante en la región Ayacucho. El director de la institución educativa tiene una influencia importante en la contratación de docentes y en las entrevistas se ha recogido gran cantidad de testimonios sobre cobros indebidos para contratar a un(a) postulante.

Según Huber, se manifiesta así una consecuencia de una política pública bien intencionado – la descentralización–, que choca con una realidad social adversa, pues lo que se ha descentralizado es, después de todo, la corrupción. Con el agregado de que esta se hace más difícil de controlar, pues se trata de montos relativamente pequeños que, por lo general, no justifican llevar a cabo una auditoría, además en un ámbito geográfico muy disperso.

Los docentes, aunque rechazan la corrupción en su discurso, sostienen que la necesidad a veces no les brinda otra opción. Es decir, se presentan como víctimas porque reconocen que conseguir un puesto laboral con coimas es éticamente reprochable y legalmente vedado. Sin embargo, eso no explica la conducta de los “perpetradores”: los burócratas que hacen descuentos irregulares, los directores que chantajean a postulantes, los profesores que venden notas.

Estado y sociedad en Ayacucho

El estudio comprueba que existe una contradicción entre el discurso y la práctica, en tanto la sociedad se presenta como víctima de un Estado amoral. Esta posición también es asumida por las instituciones que se dedican a la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, solo con la complicidad, expresa o tácita, de la población se puede generar una cadena de comportamientos que convierte las prácticas corruptas en una conducta habitual, la que finalmente termina anclándose en la estructura social. Ya no es la excepción, sino la regla. La tolerancia y la complicidad generan una legitimidad de facto y se desarrolla, así, un subsistema que tiende a expandirse hasta rozar los límites de la eliminación total del sistema normativo relevante, una “cultura de la corrupción”, donde las prácticas son consideradas como normales, simplemente porque así es.

El estudio de la corrupción nos lleva de esta manera a lo que el autor llama el “Estado realmente existente”. La definición de la corrupción como “abuso de un cargo público para el beneficio privado” supone una nítida separación entre ambas esferas. El fondo de esta perspectiva es la percepción de una administración pública íntegra y apolítica, en el sentido de la burocracia racional de Max Weber.

Sin embargo, muchos, probablemente la mayoría, de los funcionarios públicos de Ayacucho no cuentan con una capacitación profesional adecuada, no tienen un puesto de trabajo asegurado a mediano o a largo plazo ni pueden estar seguros de si a fin de mes cobrarán su sueldo. Son relativamente pocos los burócratas de carrera y la contratación depende más de la relación con la persona indicada que de la competencia técnica. Por ello, hay un permanente movimiento en los cargos públicos y cualquier cambio de un gerente municipal se hace sentir, casi de inmediato, en instancias inferiores como, por decir, el serenazgo. En el marco de la descentralización se han aumentado las burocracias, pero no se han modernizado en el sentido de una conducta profesional como la señala Weber. El funcionario típico ayacuchano es un funcionario “empresarial” en busca de dividendos, insertado en una amplia red de relaciones sociales, a las que puede recurrir en caso de una necesidad, pero a las que también tiene que apoyar cuando se lo piden.

De esta manera, las normas de la burocracia moderna están sofocadas por obligaciones particulares. Hay un doble estándar: una fachada pública para los ajenos y una zona íntima, de exclusividad, para los propios. Los avances o retrasos en la atención, la celeridad o lentitud en los trámites, revelan quiénes pertenecen al círculo y quiénes están fuera. Solo en la superficie, la burocracia ha logrado avances significativos en la obtención de rasgos universales, mientras que en lo esencial se mantiene la presión de grupos primarios.

Es en este sentido que se expresa con más claridad la persistencia de lógicas culturales. En la corrupción cotidiana se expresa este lado oscuro del “capital social”, un concepto que últimamente ha ganado fuerza en las agencias del desarrollo. El particularismo de las redes sociales informales obliga a un trato favorable para sus integrantes, aun cuando esté perjudicando los derechos de otros. El hecho de que alguien sea circunstancialmente portador de un cargo público no cambia nada, la burocracia estatal, que de acuerdo con la normatividad debería ser inmune a los intereses personales, no se libra de estos esfuerzos de personalizar las relaciones sociales. Esta práctica se ha generalizado, existe una presión social que hace difícil, si no imposible, rechazar la demanda de un familiar o de un amigo.

El caso ayacuchano muestra que en el Perú y, sobre todo, en las zonas periféricas, es difícil hacer una separación nítida entre el sector público y el sector privado. El Estado como “botín”, como espacio para buscar el beneficio personal, es una figura muy generalizada, de modo que el problema de la corrupción quizá no sea tanto proteger a la sociedad de un Estado abusivo. El problema sería más bien cómo evitar las diferentes formas de “captura del Estado” (state capture), no solo a nivel del Gobierno Central y de las grandes empresas (una de las principales preocupaciones del Banco Mundial), sino también a nivel micro, en el contexto local y por parte de los estratos sociales populares.

Conclusiones
La corrupción puede ser un fenómeno patológico, tal como lo sostienen la mayoría de las publicaciones y de las instituciones multinacionales que hemos descrito en el primer capítulo. Pero para propósitos analíticos, debería ser tratada como el producto de una relación específica entre Estado y sociedad. La definición de la corrupción como “abuso de un cargo público para el beneficio privado” implica la existencia de determinadas condiciones políticas; cuando estas no existen, fallan los parámetros. Este es el caso en el contexto del presente estudio, donde las esferas pública y privada se compenetran mutuamente y no permiten una separación nítida para el análisis.

Las expectativas que las organizaciones anticorrupción ponen en la sociedad civil para “vigilar” al Estado y para ejercer presión para una mayor accountability y transparencia parten, sin mayor análisis, de una percepción liberal-democrática de la sociedad civil, la que no necesariamente ocurre en un país como el Perú y mucho menos en las periferias. El problema de la pequeña corrupción no es el problema de un (mal) Estado versus una (buena) sociedad civil, sino que ambos forman parte del mismo sistema de intercambio de bienes y servicios que forman el “complejo de la corrupción”.

Todo lo dicho tiene consecuencias evidentes para la lucha contra la corrupción. Si las formas y la incidencia se encuentran fuertemente influenciadas por el contexto sociocultural específico, entonces es razonable concluir que los esfuerzos para su reducción deben ser social y culturalmente adecuados. Las iniciativas contra la corrupción deberían evitar simplificaciones, como dar por sobreentendidos unos ideales burocráticos generalizados y considerar la relación compleja entre legalidad y legitimidad en un contexto específico.

martes, 27 de octubre de 2009

VRAE: MIRÁNDOSE AL OMBLIGO

¿Qué ha pasado en el VRAE? Lo ocurrido se debe a la aplicación de estrategias, o si se quiere de ideas estratégicas. Todos los ataques de los sicarios del narcotráfico -como lo ha demostrado Jaime Antezana- obedecen a un objetivo. En el caso del Estado peruano también. Lo que se ha aplicado es una concepción según la cual el problema más importante es social, económico, no de seguridad. Casi todas las propuestas y los planes implementados en el VRAE podrían ser aplicados a muchas otras regiones del país en las cuales no existe una realidad llamada NARCOTRÁFICO.
Veamos cómo esta concepción se ha traducido en cifras. Hasta el año 2008 se ha invertido 486 millones de soles en total. Si bien esta cifra acumula los montos de gasto común de diversos ministerios, en general –leyendo los reportes con una buena dosis de bona fide- se evidencia una ejecución presupuestal hasta cierto punto eficiente. Precisamente por eso destaca que, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que por entonces encabezaba la congresista Mercedes Cabanillas, sólo ejecutó 56 por ciento del ya de por sí magro presupuesto que le asigno Economía y Finanzas. De trece millones de soles sólo gastó siete millones trescientos mil. El caso de DEVIDA es patético. De los exiguos casi 11 millones que le asignaron sólo ejecutó 3 millones 300, es decir el 44 %. Es lógico. Si la prioridad es “el problema social”, los planes de sustitución de cultivos, o de combate en contra las actividades delictivas de los narcotraficantes, la seguridad, no son importantes.

Nadie niega que existe un condicionante social en el narcotráfico que empuja a muchas familias a cultivar coca. Esa determinante debe enfrentarse, pero es también obvio que sin seguridad estas regiones nunca saldrán de la pobreza. ¿Quién, qué empresario sin vocación suicida va a invertir en industrias extractivas o de transformación en las actuales condiciones? ¿Es el Estado quien va a dar trabajo? Si bien el aspecto militar no figura en los reportes, resulta sorprendente que el problema central del VRAE, es decir el NARCOTRÁFICO no aparezca, ni siquiera en las generalidades. Quizás no es tan raro si consideramos que en los centenares de políticas, recomendaciones, indicadores y paparruchas que componen ese gigantesco monumento al vacío y la obviedad que se llama Acuerdo Nacional no aparezca el tema narcotráfico.

Los responsables del Plan VRAE, como los burócratas del Acuerdo Nacional se parecen a esos monjes tibetanos que empleaban décadas en observar sus ombligos hasta creer que podían observar una ciudad entera, Jerusalem, representada en ese lugar de su anatomía. Sigan, sigan en ese plan muchachos, eso sí, avísennos si encuentran algo distinto a lo previsible.